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SUSCRIBITE Caminos rurales en Córdoba.
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SUSCRIBITEEn la provincia de Córdoba existen 289 consorcios camineros gestionados por cientos de empresarios agropecuarios que trabajan ad honorem para mantener y mejorar unos 58.000 kilómetros de caminos rurales que integran la red vial rural.
Los consorcios operan en el marco de lo dispuesto por la Ley Provincial 6233 (vigente desde el año 1979) y están agrupados en 19 Consorcios Regionales, los cuales, mediante un contrato de adjudicación directa con la Dirección Provincial de Vialidad, tienen la responsabilidad de conservar los caminos de su jurisdicción pertenecientes a la red vial secundaria.
Vialidad provincial asigna una partida anual a cada uno de los Consorcios Camineros de Córdoba, aunque, debido a la inflación, se encuentran muy retrasadas en función de los costos totales que deben afrontar. Por lo general, los recursos sólo alcanzan para abonar salarios y efectuar reparaciones menores.
Además, los consorcios suelen recaudar una cuota societaria a nivel local –medida en litros de gasoil– que es de carácter voluntario. Los consorcios que suelen contar con mayor disponibilidad de recursos son aquellos que, precisamente, reciben más aportes propios de la comunidad.
Cuando Vialidad provincial necesita realizar alguna obra de importancia en una zona rural, los Consorcios Regionales pueden presentarse a la convocatoria; en caso de resultar favorecidos, reciben fondos para llevar adelante la obra y obtener utilidades que posteriormente pueden emplear para asistir a los Consorcios Camineros de la región. De esa manera, si un consorcio enfrenta una situación que lo sobrepasa, puede solicitar ayuda al Consocio Regional correspondiente. Por otra parte, los consorcios reciben todos los meses la visita de un inspector de Vialidad provincial, quien se encarga de verificar que las obras informadas se hayan llevado a cabo efectivamente. Durante la recorrida, el funcionario recibe información respecto de las situaciones urgentes que deberían ser atendidas.
Los consorcios se encuentran representados ante el gobierno provincial por una entidad madre: la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia de Córdoba. También existe una Asociación Mutualista de los Consorcios Camineros que comercializa, a precio diferencial, los insumos y equipos que tales entidades requieren.
“La mutual permite adquirir maquinaria y herramientas por medio de créditos con tasas de interés más accesibles”, explica Juan Pablo Salvatore, presidente del Consorcio Caminero Nº 191 de Vicuña Mackenna e integrante del CREA Washington Mackenna (región Centro). “Gracias a esas facilidades, cinco años atrás el Consorcio Caminero Nº 191 adquirió un retroexcavadora pequeña que se emplea para hacer alteos y reservorios”, añade.
El Consorcio Caminero Nº 191 cuenta con un empleado administrativo –que es compartido entre varios consorcios de la región– y tres operarios propios a cargo de una motoniveladora, una retroexcavadora y un tractor.
“La conservación se focaliza en los caminos más transitados para que los camiones no tengan problemas en los períodos de cosecha. Si bien no es posible abarcar todos los lugares que demandan atención, se intenta cubrir los sectores más críticos”, comenta juan Pablo.
“Nuestra gestión se planteó realizar obras de mayor envergadura que, si bien son caras y exigen un gran esfuerzo, tienen mayor duración y demandan menos mantenimiento. Identificamos los sectores bajos con potencial de anegamiento y, por medio de una retroexcavadora, realizamos reservorios para derivar excesos hídricos. Éstos permiten contar con tierra para hacer alteos de 60 a 100 centímetros y estabilizar lomas, para asegurar la transitabilidad durante los períodos de lluvias torrenciales”, agrega.
Las trazas en los sectores identificados como críticos se hacen con un ancho de 10 metros, de los cuales un metro corresponde a cunetas, para garantizar el paso de maquinaria agrícola, camiones y vehículos.
Las obras importantes se realizan en “temporada baja” para evitar complicaciones logísticas, mientras que en las épocas de cosecha se lleva adelante un emparejamiento de caminos con un rabasto. “En nuestra zona el crecimiento de la gramilla es exponencial durante el período estival, y si no se la mantiene fuera de la traza, en el invierno, por acción del viento, se acumula en las cunetas y las calles corren peligro de quedarse sin sistema de drenaje; por eso es tan importante hacer un sistemático rabasteo de los caminos”, apunta.
¿Qué sucede si se llega a producir una avería importante en uno de los equipos? La realidad es que muchos consorcios no tienen recursos para afrontar gastos significativos. En tales casos dependen de los aportes extraordinarios que estén dispuestos a hacer los propietarios de campos y las industrias de la zona.
Para complementar la tarea realizada por los consorcios camineros, en 2018 el gobierno provincial creó el Consorcio Caminero Único, una organización sin fines de lucro que se dedica a realizar obras viales importantes –incluyendo la pavimentación– en zonas rurales.
El Consorcio Caminero Único está integrado por seis miembros, que ejercen sus funciones ad honorem: dos representantes por el gobierno cordobés y los restantes cuatro por las gremiales rurales (Cartez, Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Federación Agraria Argentina).
Los productores de una zona deben acordar cuál camino van a mejorar y solicitarlo mediante nota al Consorcio Único. Si la traza resulta ser apta para la mejora, el consorcio determinará la zona de influencia contributiva, es decir, quiénes son los propietarios que deberán abonar la contribución por mejoras.
Una vez obtenida la conformidad de la mayoría, se publicará en el Boletín Oficial de la provincia, junto con una síntesis del proyecto y el área contributiva con el 100% de los contribuyentes alcanzados. Para que la iniciativa sea aprobada es necesario contar con la mitad más uno de las voluntades de los propietarios de campos de la zona de influencia. Una vez aprobada, deberán abonar la contribución incluso aquellos que voten por la negativa.
La provincia de Córdoba financia el 100% de la obra. Una vez finalizada, los propietarios tendrán que abonar el 50% en cuotas a través de pagos integrados en el Impuesto Inmobiliario Rural.