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SUSCRIBITELas medidas implementadas por el equipo económico del presidente Javier Milei están orientadas a intentar desacelerar la inflación a través de una política de "déficit cero" que se lograría tanto a través de un recorte del gasto público como del aumento de impuestos.
Así lo indicó el economista Santiago Giraud, técnico del área de Economía de CREA, quien analizó el impacto actual y proyectado del proceso de estabilización macroeconómica que está emprendiendo el gobierno nacional a partir del descalabro heredado de la administración anterior.
"No hubo sorpresas ni excentricidades: se trata de la clásica receta del Fondo Monetario Internacional, que consiste básicamente en devaluar la moneda y hacer una una corrección fiscal", explicó Santiago.
"El componente más libertario no apareció y fue reemplazado por el pragmatismo al desdecirse de muchas o algunas de las promesas de campaña realizadas por Milei: puntualmente, la de no subir impuestos, la reforma de Ganancias o eliminar las retenciones que afectan al sector agroindustrial con las que se dio marcha atrás", añadió.
El economista refirió que el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM), que refleja la competitividad de los sectores exportadores, se encuentra en el nivel más elevado desde 2002, lo que se instrumentó con el propósito de promover una rápida recuperación de la capacidad generadora de divisas por medio del comercio exterior.
La evidencia histórica regional muestra que los planes de estabilización que tienen éxito suelen, luego de una devaluación inicial, establecer un ancla cambiaria que, por efecto de la inflación, luego comienza a experimentar un importante retraso, lo que quita competitividad al sector exportador y promueve las importaciones. Por ese motivo, todo lo que contribuya a generar un superávit de cuenta corriente inicial aumenta las chances de tener éxito durante el proceso de estabilización.
La aceleración inflacionaria que viene en camino, además de ir restando de manera progresiva competitividad al sector exportador, reducirá la capacidad de compra de los consumidores argentinos, lo que es particularmente relevante para actividades que tienen una mayor dependencia del mercado interno, como es el caso de la ganadería o la lechería.
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